25 de junio, 2026.
La Corte Constitucional advirtió que algunos deudores alimentarios utilizan contratos simulados de compraventa para aparentar la transferencia de bienes y vaciar su patrimonio, con el fin de evadir ilegalmente el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias. Estas conductas afectan especialmente a las mujeres y a sus hijos, al privarlos de recursos indispensables para su subsistencia y desarrollo integral, además de profundizar las desigualdades de género.
Al estudiar uno de estos casos, el alto tribunal concluyó que la simulación de la compraventa fue utilizada como una herramienta de violencia económica y destacó que la instrumentalización de figuras jurídicas para incumplir deberes alimentarios exige una respuesta judicial reforzada con enfoque de género. Por ello, amparó los derechos fundamentales de la accionante y dejó en firme la decisión que reconoció la existencia de esta forma de violencia.
La Corte también confirmó la apertura de un incidente de reparación integral para evaluar los daños ocasionados y determinar las responsabilidades correspondientes, evitando imponer nuevas cargas procesales a la víctima. Asimismo, reiteró que el enfoque de género constituye un criterio obligatorio de interpretación constitucional para garantizar una protección efectiva frente a prácticas que perpetúan la violencia económica y la revictimización.
Corte Constitucional, Sentencia, T-059, 27/03/2026.
Directora Ejecutiva.