02 de octubre de 2024.
El Consejo de Estado de Colombia declaró a la Fiscalía General de la Nación patrimonialmente responsable por el daño antijurídico ocasionado a una mujer que, cuando era menor de edad, fue objeto de una investigación penal ilegal por el delito de aborto. Este fallo, que data de hace 20 años, obliga a la Fiscalía a resarcir económicamente a la víctima y a coordinar un acto público de disculpas por la violencia y discriminación sufridas.
La investigación fue iniciada a pesar de que la Fiscalía no tenía competencia en el caso, ya que el asunto debía ser remitido a la jurisdicción de menores. Durante un mes y cinco días, se llevaron a cabo diferentes labores de investigación, incluidas entrevistas a la menor, sin adoptar el enfoque diferencial requerido por la ley y las normas internacionales.
El interrogatorio realizado a la menor estuvo marcado por estereotipos de género, lo que generó un ambiente de discriminación y violencia. La Fiscalía no solo indagó sobre la situación del aborto, sino que también cuestionó aspectos de la vida sexual de la menor, exponiéndola a la visibilidad pública y violando su derecho a la privacidad.
El Consejo de Estado destacó que, aunque las investigaciones penales son necesarias para esclarecer hechos que afectan bienes jurídicos, estas no deben vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos, especialmente en casos de personas en condiciones de vulnerabilidad, como las mujeres menores de edad.
La Corte ha resaltado la importancia de proteger los derechos de las mujeres y niñas en situaciones vulnerables, especialmente en el contexto de la salud reproductiva y los derechos humanos.
La Fiscalía debe asumir la responsabilidad por las acciones que vulneran los derechos fundamentales de las personas, especialmente en casos de violencia y discriminación. La investigación sin competencia y el uso de estereotipos de género son prácticas inaceptables que requieren reparación.En investigaciones que involucran a menores y mujeres, es fundamental aplicar un enfoque diferencial que reconozca su vulnerabilidad y proteja sus derechos, evitando la revictimización.
Este análisis refuerza la importancia de proteger los derechos humanos y de garantizar que las instituciones actúen de manera responsable y respetuosa, especialmente hacia los grupos más vulnerables de la sociedad.
Consejo de Estado Sección Tercera, Sentencia, 15001233100020070016101 (54302), 20/05/2024.
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