31 de marzo, 2025.
La Corte Constitucional de Colombia ha dictaminado que los animales de compañía no pueden ser objeto de embargo en procesos judiciales, incluyendo casos de divorcio y cobros por parte de entidades financieras. Esta decisión busca salvar los derechos fundamentales de los propietarios de mascotas, tales como el libre desarrollo de la personalidad, la intimidad personal y familiar, y el principio de dignidad humana, del cual se deriva el deber de protección animal.
El Artículo 594 del Código General del Proceso establece una lista de bienes inembargables, como condecoraciones, pergaminos por actos meritorios, uniformes y equipos militares. Sin embargo, hasta esta decisión, no se incluyen los animales de compañía. Los demandantes argumentaron que esta omisión legislativa afectaba el goce efectivo de derechos fundamentales y desconocía la calidad de seres sintientes de las mascotas.
La Procuraduría General de la Nación respaldó esta postura, señalando que permitir el embargo de mascotas para satisfacer obligaciones financieras podría afectar significativamente el bienestar psicológico de las personas. Además, resaltó que, aunque las mascotas son consideradas bienes muebles según la legislación civil, también son seres sintientes que desarrollan relaciones afectivas con sus propietarios, las cuales deben ser protegidas por las autoridades en cumplimiento de la Constitución.
La Corte, al analizar el caso, concluyó que el artículo demandado incluye como inembargables algunos bienes que pueden ser equiparables a los animales de compañía por tratarse de bienes necesarios para la subsistencia del deudor y respecto de los cuales es posible predicar un vínculo de afecto. Además, se refirió a dos deberes constitucionales: la obligación de proteger a los animales y el deber de proteger los derechos fundamentales de los deudores. (M. P. Natalia Ángel Cabo).
Esta decisión representa un avance significativo en la protección de los derechos de los animales y en el reconocimiento de su importancia en la vida de las personas, reflejando una tendencia creciente en la legislación y jurisprudencia de varios países que buscan proteger a los animales de compañía y reconocer su valor más allá de lo meramente económico.
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