1 de septiembre, 2025.
La legislación colombiana reconoce el derecho de los adultos mayores en situación de discapacidad a reclamar alimentos cuando se encuentren en estado de necesidad. Para que esta solicitud prospere, deben concurrir dos requisitos fundamentales: que el solicitante demuestre su condición de vulnerabilidad y que la persona obligada a brindar asistencia cuente con la capacidad económica suficiente, sin comprometer su propia subsistencia. Entre los llamados a responder por esta obligación se encuentran los hijos, nietos, hermanos, cónyuge o compañero permanente.
El trámite puede iniciarse ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), las comisarías de familia, los centros de conciliación, los consultorios jurídicos o la Defensoría del Pueblo. En una primera etapa, se convoca a los obligados con el fin de alcanzar un acuerdo voluntario, en el que se determine la persona responsable, el monto y la modalidad de pago. Dicho pacto debe quedar formalizado por escrito. En caso de que no se logre consenso o se presente incumplimiento, la Defensoría del Pueblo remitirá el caso a un juez de familia para que, mediante proceso judicial, se fije la cuota alimentaria correspondiente.
Durante el proceso, el adulto mayor deberá aportar pruebas como documentos que acrediten la necesidad, el parentesco con la persona demandada, testimonios y fundamentos legales. Si se trata de un incumplimiento a un acuerdo conciliado previamente, será indispensable anexar la constancia expedida por la autoridad conciliadora. Es importante destacar que este procedimiento no tiene costo y no requiere la representación de abogado, lo que facilita su acceso para las personas en situación de vulnerabilidad.
Finalmente, la normativa no solo regula la obligación alimentaria, sino que también garantiza a los adultos mayores con discapacidad el acceso a apoyos que les permitan ejercer plenamente sus derechos. Estos apoyos comprenden asistencia para expresar su voluntad y facilitar su comunicación, lo cual refuerza la protección integral y el bienestar de esta población, asegurando que puedan vivir con dignidad y seguridad económica.
Directora Ejecutiva.