10 de julio, 2025.
Cuando una notaría niega la solicitud de matrimonio civil a una pareja del mismo sexo los afectados pueden interponer una acción de tutela para exigir el respeto de sus derechos fundamentales. Se busca garantizar la igualdad, la dignidad humana y la libertad, principios esenciales en el ordenamiento jurídico.
La tutela debe incluir una narración detallada de los hechos, la identificación de la entidad responsable y pruebas que demuestren la vulnerabilidad, como la solicitud rechazada y la respuesta de la notaría.
El juez encargado de revisar la tutela tiene un plazo de 10 días para emitir una decisión. Durante este tiempo, la parte demandada puede presentar su impugnación justificando la negativa del matrimonio.
Luego del análisis del caso, el juez emitirá una sentencia en la que determinará si efectivamente se vulneraron los derechos fundamentales de los solicitantes.
Si el fallo resulta favorable, la notaría deberá proceder con la celebración del matrimonio. En caso de que la tutela sea negada, la pareja afectada tiene el derecho de impugnar la decisión dentro de los tres días hábiles posteriores a la notificación. Este recurso permite que un tribunal superior revise la sentencia inicial y evalúe nuevamente la situación.
Es importante destacar que la acción de tutela es gratuita y no requiere la representación de un abogado. Cualquier persona puede presentarla de manera directa ante un juez de la República, sin importar la región del país en la que se haya vulnerado el derecho.
Finalmente, la Constitución y la jurisprudencia han ratificado que todo trato discriminatorio basado en la orientación sexual es contrario a los principios de igualdad y dignidad humana. La autonomía para decidir con quién formar una unión marital es un derecho protegido por la legislación colombiana, por lo que la negativa de un matrimonio civil puede ser impugnada ante la justicia.
Es así entonces como nuevamente el derecho a la igualad es protagonista en los procesos en que las poblaciones históricamente discriminadas son parte, ha sido reiterativa la necesidad de desvirtuar todo aquel trato que contraría los derechos humanos, incluso, o mas aun cuando estos devienen de autoridades que ejercen funciones públicas.
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Directora Ejecutiva.